Este miércoles a las 9.30 venció el plazo de 10 días hábiles que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) otorgó a Cristina Fernández de Kirchner y a los otros ocho condenados en la causa Vialidad para pagar el decomiso de USD 537 millones impuesto como reparación del daño por corrupción en la obra pública. Ninguno de los acusados efectuó el depósito ni presentó propuestas alternativas de pago.

Con el plazo agotado, el juez Jorge Gorini quedó habilitado para iniciar la ejecución patrimonial y proceder al remate de los bienes registrados a nombre de los condenados, entre ellos la ex presidenta, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.

La defensa de Cristina Kirchner solicitó suspender el decomiso, recalcular el monto y derivar el caso a la justicia civil y comercial federal. Sostiene que, en lugar de 684 mil millones de pesos (unos USD 540 millones), la cifra real sería de 42 mil millones. El planteo será resuelto por el tribunal y podría llegar hasta la Corte Suprema, lo que dilataría el proceso.

La causa Vialidad condenó a la ex mandataria por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en un fallo que también incluyó inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.