Mientras cumple su condena a seis años de prisión en su domicilio del barrio porteño de Constitución por la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó un nuevo pedido al Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2): solicitó autorización para recibir la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario brasileño estará en Buenos Aires a partir de este miércoles en el marco de la cumbre del Mercosur, aunque por el momento no confirmó un encuentro con la exvicepresidenta ni lo hizo a través de sus voceros. Sin embargo, la presentación judicial de Cristina Kirchner abre la posibilidad de que ese encuentro pueda concretarse si la Justicia lo autoriza.

La solicitud fue presentada por sus abogados ante el TOF 2, tribunal que impuso restricciones sobre quiénes pueden ingresar al domicilio donde cumple la pena en modalidad domiciliaria. Lula da Silva no se encuentra en el listado previamente autorizado, por lo que se requiere una autorización expresa del tribunal.

La Fiscalía pidió revocar la prisión domiciliaria

En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron la decisión judicial que permite a Cristina Kirchner cumplir su condena en su departamento ubicado en la calle San José 1111. En su presentación, los representantes del Ministerio Público cuestionaron duramente la medida, al considerar que se trata de “un privilegio”.

“El fiscal Mola y el fiscal Luciani presentaron la apelación a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. No están de acuerdo con la detención domiciliaria y piden que sea trasladada a una unidad carcelaria común”, explicó el periodista Rodrigo Alegre en Radio Mitre.

Entre los fundamentos, los fiscales argumentan que la medida es arbitraria, carece de sustento legal y contradice la finalidad de la pena impuesta. Además, señalaron que la permanencia de Kirchner en su domicilio actual “compromete su propia seguridad” y “genera conflictos de convivencia en el barrio”.

Luciani y Mola también sostienen que la decisión le otorga a la expresidenta un trato desigual respecto de otros condenados por corrupción, y solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal que revoque el beneficio y ordene su traslado a una prisión.