Un operativo de gran magnitud fue llevado a cabo en las últimas horas en establecimientos del cordón frutihortícola de General Pueyrredón, dejando al descubierto graves irregularidades en el registro, condiciones de trabajo y de vivienda de trabajadores rurales.

La medida fue dispuesta por el Juez Federal Santiago Inchausti y contó con la intervención de múltiples organismos nacionales y locales, entre ellos la Policía Federal Argentina, RENATRE Buenos Aires Sur, la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Trabajo, ARCA, el Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata y la Delegación UATRE Mar del Plata, conducida por el Delegado Regional Enrique García, quien cumplió un rol clave en la supervisión del operativo.

Trabajadores sin registrar ni libreta rural

Durante las inspecciones se constató que numerosos trabajadores no estaban registrados formalmente ni contaban con la Libreta de Trabajo Rural, un documento obligatorio según la Ley 25.191 y la Ley 26.727. Esta falta no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que afecta el acceso de los trabajadores a la seguridad social y a otros beneficios.

Condiciones laborales precarias

Además, se detectaron falencias graves en las condiciones de trabajo: instalaciones inadecuadas, falta de elementos de seguridad e higiene y ausencia de ropa de trabajo, tal como lo exige el artículo 19 de la Ley 26.727. Las tareas se realizaban en contextos que ponían en riesgo la salud e integridad de los trabajadores.

Viviendas indignas

También fue motivo de preocupación el estado de las viviendas ofrecidas, que no cumplían con las condiciones mínimas de habitabilidad que establece el artículo 20 de la misma ley. Se observaron estructuras precarias y sin condiciones sanitarias básicas.

“Una lucha que continúa”

Desde UATRE, se destacó el compromiso del gremio en este tipo de acciones:

“El operativo con la participación destacada del Delegado Regional Enrique García es un claro recordatorio de la importancia de fortalecer los controles y de seguir luchando por condiciones de trabajo dignas y seguras para todos los trabajadores rurales”, expresaron desde la entidad.

Este operativo se da en un contexto de creciente preocupación por la precarización laboral en el sector rural, reflejado también en casos como el de Víctor Díaz, un trabajador despedido sin causa en San Vicente, cuyo caso se convirtió en símbolo de la lucha por mayor formalización y respeto de derechos.