Este jueves, el juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa Seguros, una investigación que apunta a presuntas irregularidades en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante su mandato.

Fernández fue procesado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Según el magistrado, el exmandatario favoreció los negocios del broker Héctor Martínez Sosa, allegado al entorno presidencial.

La causa —conocida mediáticamente como el escándalo de los seguros— investiga el sistema instaurado por el gobierno anterior que obligaba a los entes estatales a contratar exclusivamente con Nación Seguros, compañía que, en la práctica, habría trabajado con intermediarios privados.

La defensa del expresidente

A través de su abogada Mariana Barbitta, el expresidente rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una “imputación genérica” sin fundamentos concretos. Fernández también explicó que las facturas por más de $4,2 millones vinculadas a Martínez Sosa correspondían a informes políticos y económicos realizados para diversos clientes, y que este “no era el único” con contratos similares.

Además, defendió la legalidad del decreto 823/21, el cual eliminó el sistema de coaseguros y centralizó las pólizas del Estado en Nación Seguros. Aclaró que la norma no menciona ni obliga a contratar a intermediarios privados, y sostuvo que no existió perjuicio económico directo para el erario público.

La causa sigue en curso

Con este procesamiento, la investigación judicial da un paso clave, aunque aún resta determinar el grado de responsabilidad de otros actores involucrados y el impacto económico real de las maniobras denunciadas. Mientras tanto, el entorno del expresidente insiste en que no existió delito y que las decisiones tomadas fueron legales y en línea con la política de administración pública.